Este martes deberán firmarse los dictámenes de comisiones. La Libertad Avanza, el PRO y la UCR están en condiciones de imponerse y capitalizar un tema que instaló la oposición. Qué propondrá cada uno.
La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR buscan imponer su propio proyecto de ley sobre morosidad familiar y capitalizar un tema que instaló la oposición. El debate tendrá una primera definición este martes a las 14, cuando se reúnan las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados para dictaminar. Hay gran expectativa por las casi 6 millones de personas con pagos atrasados en todo el país.
Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda trabajan a contrarreloj para unificar un texto en base a casi 80 proyectos que se acumularon desde 2025. Sin embargo, el oficialismo y sus socios están en condiciones numéricas de imponerse en las comisiones, paso previo para la votación en el recinto. Las negociaciones de uno y otro lado están al rojo vivo.
Aunque aún no está cerrada la letra chica de los dictámenes, la propuesta de La Libertad Avanza no intervendría en las deudas de las familias. La premisa es la que marcó el presidente Javier Milei: que se trata de un tema “entre privados”. Por eso, las medidas apuntarían a generar educación financiera, concientización, prevención, mayor información al consumidor y transparencia en la composición de tasas y costos financieros.
En cambio, la oposición apunta a crear un esquema de refinanciamiento de las deudas, cuyos detalles están en plena negociación. Según supo La Voz, el programa regiría durante 180 días, en el marco de la declaración de una nueva emergencia. Podrían acceder aquellas personas que asumieron deudas de hasta el equivalente en pesos a dos Canastas Básicas Totales medidas por el Indec, para afrontar gastos de consumo (no para gastos suntuosos).
A ello se aplicaría la Tasa Tamar (que es la tasa de interés de referencia que refleja cuánto pagan los bancos argentinos por los depósitos a plazo fijo de grandes montos) más un 25%. La propuesta sería una reestructuración en por lo menos 12 cuotas (que podrían ascender hasta 60), y que cada cuota no pueda superar el 30% del ingreso. Además, se quitarían intereses punitorios.
Para elaborar esta propuesta, se tomaron como referencia proyectos como los de Raquel “Kelly” Olmos, exministra de Trabajo de la gestión de Alberto Fernández; el economista Itai Hagman, del sector de Juan Grabois; la exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz; y el radical Pablo Juliano (Provincias Unidas), entre los casi 80 expedientes que hay sobre la mesa.